EL JUEZ OBLIGA AL AYUNTAMIENTO DE TORRENT A RESTITUIR A UN FUNCIONARIO RELEGADO POR MOTIVOS POLÍTICOS .
EL AUTO DA UN PLAZO DE DIEZ DÍAS A LA SRA. ALCALDESA PARA RECOLOCAR AL EMPLEADO EN SU ANTIGÜO PUESTO DE TRABAJO COMO COORDINADOR DE FIESTAS .
La justicia ha advertido al equipo de gobierno del PP del Ayuntamiento de Torrent que debe reponer en su puesto de coordinador de fiestas a un funcionario que fue degradado, en 2008, por motivos políticos a ocupar la conserjería de la biblioteca del metro. Y le da diez días de plazo. Un auto y un decreto del Juzgado de lo Social número 7 de Valencia obligan al consistorio al «inmediato cumplimiento de la obligación impuesta en el fallo de la sentencia dictada por ese juzgado en fecha 26 de febrero de-2010» por vulnerar los derechos de un trabajador municipal y por discriminarlo por razones políticas. La sentencia también obligaba al consistorio a indemnizar al afectado con 10.008,74 euros .
UNA SENTENCIA DE FEBRERO CONDENÓ AL CONSISTORIO POR DISCRIMINACIÓN LABORAL HACIA EL TRABAJADOR AFILIADO AL PSPV-PSOE .
UNA SENTENCIA DE FEBRERO CONDENÓ AL CONSISTORIO POR DISCRIMINACIÓN LABORAL HACIA EL TRABAJADOR AFILIADO AL PSPV-PSOE .
El auto, contra el que no cabe recurso, recuerda, en sus fundamentos de derecho, que el artículo 301 de la Ley de Procedimiento Laboral establece que las «sentencias que recaigan en los procesos de conflictos colectivos, en los de impugnación de los convenios colectivos, en las de tutela de la libertad sindical y demás derechos fundamentales, serán ejecutivas desde que se dicten», aunque se presente un recurso, que es lo que había alegado el consistorio para no reincorporar a su puesto al funcionario que denunció discriminación por motivos políticos. El empleado es afiliado a UGT y al PSPV, desde 2007.
El juez también recuerda que el artículo 285 de la Legislación Laboral confirma la «potestad jurisdiccional de ejecutar las sentencias frente a las Administraciones Públicas». De ahí que proceda «despachar» la ejecución solicitada por la parte actora. Y el decreto determina que el consistorio tiene diez días, bajo los apercimientos legales oportunos, para cumplir la Sentencia .
Ese fallo judicial ordenaba << reponer inmediatamente >> al empleado público en el puesto de cooordinador de fiestas que ocupaba antes de que el gobierno del PP de la Alcaldesa Mª José Catalá ganara las elecciones en 2007 . Según esta Sentencia, el 11 de Enero de 2008, el denunciante << es desalojado del edificio del Ayuntamiento >> al reincorporarse la trabajadora de baja que era titular del despacho que ocupaba el demandante . Sin embargo, el Ayuntamiento "no reubica al actor, ni le da ocupación efectiva, sin justificación alguna" .
El juez aseguraba que hasta verano de 2008 no era efectiva la reestructuración de la plantilla por lo que la decisión municipal << carece de toda justificación objetiva . Debe concluirse que la actuación realizada constituye una DISCRIMINACIÓN LABORAL por motivos políticos, al no justificar la entidad demandada la necesidad y utilidad de la desocupación del actor >> . Y concluía que el Consistorio "ha vulnerado el derecho de un funcionario a no ser discriminado por su ideología" ..
Es más, el fallo determinaba que la "supuesta amortización de la plaza" persigue "sacar al actor del puesto de trabajo que venía ocupando con total dedicación y profesionalidad desde 2001, para adjudicárselo a una persona ajena al Ayuntamiento, de libre designación de la Alcaldesa, Mª José Catalá, con ánimo de alejar al personal con ideología política distinta a la del actual equipo de gobierno" .
Ese fallo judicial ordenaba << reponer inmediatamente >> al empleado público en el puesto de cooordinador de fiestas que ocupaba antes de que el gobierno del PP de la Alcaldesa Mª José Catalá ganara las elecciones en 2007 . Según esta Sentencia, el 11 de Enero de 2008, el denunciante << es desalojado del edificio del Ayuntamiento >> al reincorporarse la trabajadora de baja que era titular del despacho que ocupaba el demandante . Sin embargo, el Ayuntamiento "no reubica al actor, ni le da ocupación efectiva, sin justificación alguna" .
El juez aseguraba que hasta verano de 2008 no era efectiva la reestructuración de la plantilla por lo que la decisión municipal << carece de toda justificación objetiva . Debe concluirse que la actuación realizada constituye una DISCRIMINACIÓN LABORAL por motivos políticos, al no justificar la entidad demandada la necesidad y utilidad de la desocupación del actor >> . Y concluía que el Consistorio "ha vulnerado el derecho de un funcionario a no ser discriminado por su ideología" .
Es más, el fallo determinaba que la "supuesta amortización de la plaza" persigue "sacar al actor del puesto de trabajo que venía ocupando con total dedicación y profesionalidad desde 2001, para adjudicárselo a una persona ajena al Ayuntamiento, de libre designación de la Alcaldesa, Mª José Catalá, con ánimo de alejar al personal con ideología política distinta a la del actual equipo de gobierno" .
Fuente: Levante-EMV
Pincha aquí para ver la crónica publicada al respecto por "EL PAÍS"
Para el portavoz municipal socialista, José Veiga,"no sólo estamos ante un caso claro de discriminación y persecución política, sinó también ante un intento de burlarse de las Leyes y de las Resoluciones Judiciales", Veiga afirmó que la Alcaldesa Mª José Catalá << quiere burlarse de las resoluciones de los jueces y ha convertido el Ayuntamiento en un cortijo en el que se vulneran Derechos Fundamentales de los trabajadores>> . El portavoz socialista remarcó: " es una vergüenza que en Torrent pasen estas cosas . Discriminar y degradar por razones políticas nos lleva a las tinieblas del franquismo, y desoir las Sentencias Judiciales nos sitúa al margen de la Ley . Los hechos demuestran que el PP de Catalá, si que persigue y depura .
ALCALDESA DIMISIÓN, ESPAÑA 2000 A LA ALCALDÍA DE TORRENT, ¡ VIVA ESPAÑA Y VIVA TORRENT !
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